La decisión del Poder Ejecutivo sobre el precio de los combustibles es una medida económica que apunta a lograr un significativo dique de contención: el de no embalsar precios, sea cual fuere el impacto que estos sufran. La experiencia del período 1985-90 es lección suficiente.Está bien que el Gobierno comparta los costos de la subida inusitada del precio internacional del petróleo, lo que no se limita al ISC sino a un fondo de estabilización que está por acabarse. El objetivo es reducir en algo el efecto de estas alzas en la economía y el bolsillo de los ciudadanos.Sin embargo, debe considerarse también la positiva decisión presidencial de romper el viejo tabú populista de embalsar medidas económicas. Pudo haberse implantado subsidios, como irresponsablemente se hizo antaño, pero se ha resistido esa tentación en pos de un objetivo mayor: mantener el equilibrio fiscal y la administración eficiente de los recursos de todos los peruanos.Ya lo hemos advertido: Actuar como estadista exige a veces tomar medidas duras y hasta impopulares, pero que responden a una visión de asegurar estabilidad a mediano y largo plazos. No se puede gastar hoy los recursos que con tanto esfuerzo se han acumulado, para ganar aplausos fáciles sin pensar en el mañana. En el caso de los combustibles, claro que hay que dejar actuar al mercado pero vivimos una situación excepcional que debe obligar al Gobierno a seguir bajando gradualmente el ISC, que se agrega al IGV.