La presentación del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ante el pleno del Congreso y la divulgación de un informe de la oficina de Gestión Social de su sector sobre el que se basó la resolución del Consejo Nacional de Minería que suspendió la licencia recientemente concedida al proyecto Tía María han terminado de trazar una secuencia de hechos que sugiere que la autonomía con la que, según el gobierno, habría actuado la referida instancia no fue tal.Conocida la decisión, efectivamente, distintos voceros del Ejecutivo pretendieron atribuirle una naturaleza técnica e independiente. El 12 de agosto, por ejemplo, después de señalar que el Consejo Nacional de Minería es "un ente autónomo" y ante la pregunta de si estuvo enterado previamente de lo que estaba por ocurrir, el presidente Vizcarra afirmó: "En absoluto; yo he tomado conocimiento el día viernes, [en] que se ha hecho público". E interrogado sobre una eventual injerencia suya en el tenor de la resolución, añadió: "No conozco a ninguno de los cinco miembros; no he conversado con ellos" (lo que, leído con atención, no califica realmente como respuesta).Sus palabras, de cualquier forma, fueron el corolario de una antojadiza versión de los hechos de la que la administración aparentemente estaba intentando persuadir a la ciudadanía, pues en los días previos, el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Energía y Minas habían tenido intervenciones del mismo corte. Júzguese, sin embargo, la veracidad de esa tesis a la luz de la siguiente sucesión de acontecimientos.