Transcurrida una semana de la sorpresiva propuesta presidencial para reformular la Ley General de Minería -solicitada por los gobernadores regionales del sur-, muchos peruanos tratan de dilucidar los cambios que traerá la nueva norma."Hasta ahora solo hay especulaciones. Los gobernadores regionales no tienen una posición estandarizada de qué es lo que quieren, y si le preguntas al presidente Martín Vizcarra o alguna autoridad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), tampoco tiene idea de lo que vendría [en la nueva ley]", apunta Ángel Chávez, socio del Estudio Payet.Por lo pronto, los gobernadores han disparado una batería de exigencias que van desde el incremento de las regalías y la redistribución del canon minero, hasta la exigencia de que las comunidades campesinas participen en el accionariado de las empresas y que sean los gobiernos regionales los encargados de otorgar las concesiones para la gran minería.Se trata, como bien apunta Marcial García, socio de EY, de tópicos que no están regulados por la Ley General de Minería, lo que evidencia el desconocimiento de las normas por parte de los gobernadores regionales."El principal detonante de los conflictos sociales es la distribución inequitativa de la riqueza que genera la minería a través del canon y las regalías, pero eso no lo ve la Ley General de Minería, sino otras normas como la Ley de Regalías y la Ley del Canon", explica.Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) coincide en señalar que la efervescencia social no se solucionará reformando la Ley General de Minería, sino reduciendo las brechas sociales a través del mejor uso de los recursos que genera el sector."Esos recursos existen. Son S/39.000 millones los que han ingresado a las arcas de las regiones vía canon y regalías en los últimos años, pero solo entre el 50% y 60% se ejecuta. El desafío es mejorar la habilidad de ejecución de estos ingresos para reducir la pobreza", indica.