Ha reaccionado bien el Gobierno al anunciar que, a pesar de las normas que el Congreso y el Ejecutivo habían dado para exonerar de licitaciones las obras de saneamiento, se cumplirá de todas maneras con este requisito.Hay varios temas en cuestión. El primero es la necesidad e impostergabilidad de los proyectos para ampliar la cobertura de agua potable y desagüe, dentro del prioritario plan Agua para Todos. Son millones de ciudadanos que no pueden esperar más para recibir estos servicios.Pero, paralelamente está la obligación de las autoridades y representantes de cumplir con las normas de control, eficiencia y transparencia de los gastos estatales, precisamente para evitar dispendio y corrupción. En el caso de las licitaciones, ello significa concursos públicos y abiertos para conocer los méritos de las empresas postulantes y de las que finalmente resulten seleccionadas. Desde una perspectiva más amplia, sin embargo, debemos preguntarnos si la causa de esta contramarcha podría obedecer a que los actuales sistemas de control, como el Consucode y el SNIP, no están funcionando adecuadamente.No hay que confundir las cosas. Por el contrario, hay que aprovechar la oportunidad para evaluar estas entidades y revisar sus procedimientos, de modo que apliquen objetivamente los necesarios controles, pero sin convertirse en bloqueadores de la marcha del Estado. Otro tema más dentro de la urgente reforma del Estado.