Pedir que la minería pase a la administración de los gobiernos regionales es un despropósito absoluto, se trata de una propuesta claramente contraria a los intereses del país, señaló Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPE).Buena parte de los gobernadores que se han pronunciado cuentan con presupuestos que dependen de las transferencias generadas por los recursos del canon y han sido alcanzados como resultado de desarrollo de las actividades mineras en las últimas dos décadas. Pretender en este momento modificar el marco normativo con alguno de los alcances que ya han hecho público (los gobernadores) va a resultar, sin duda, en un perjuicio enorme para el país, teniendo en cuenta las trabas y restricciones que se pretenden incorporar a partir de estas modificaciones, afirmó.
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