La vieja máxima que dice "Si no puedes ayudar, por lo menos no hagas daño" no cuenta al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, entre sus cultores. Ante el conflicto que se vive en Islay por la licencia de construcción concedida recientemente al proyecto Tía María, lejos de preocuparse por facilitar un entendimiento entre la empresa minera y los pobladores que temen las consecuencias de la explotación cuprífera, él ha optado por echar leña al fuego y transformar la protesta de sus paisanos en una ocasión para tensar la situación con el gobierno central.Su motivación es claramente la de ser el líder pero de una causa que no parece comprender del todo. A lo largo de los días transcurridos desde que empezó el paro en la referida zona, Cáceres Llica ha ido efectivamente elevando el tono de un ultimátum que no tiene claro. El martes 16, por ejemplo, durante una reunión con dirigentes del Valle de Tambo dijo que el presidente Vizcarra tenía 72 horas “para declarar de oficio la nulidad” de la resolución en la que se había otorgado la licencia, sin especificar qué es lo que ocurriría si, vencido ese plazo, su demanda no había sido atendida.