El Comité de Proinversión a cargo de la adjudicación del multimillonario proyecto de gas en el sur del país, durante el gobierno de Ollanta Humala, no debió acceder al pedido del Consorcio Sur Peruano, compuesto por Odebrecht y Enagás, para descalificar a su competidor denominado Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (SSTT), integrado por las compañías GDF Suez, Sempra, Techint y TGI. De acuerdo con una auditoría que practicó la Contraloría al proceso de concesión, que la entidad ha remitido al Equipo Especial Lava Jato que investiga el caso, el Comité de Proinversión accedió a la solicitud de Odebrecht y falló favorablemente vulnerando una serie de normas con el presunto propósito de direccionar la concesión en beneficio de la constructora brasileña que en ese momento gozaba de influencia en el Ejecutivo.