Como se invoca al diálogo casi como un mantra cuando los conflictos sociales escalan hasta lo insostenible, suele pensarse que su sola mención como vía privilegiada para encontrar soluciones es ya señal de impotencia o lenidad de las así llamadas autoridades competentes, cuyo presunto deber sería limitarse a imponer el "principio de autoridad" de la manera más expeditiva posible. Que ese no es sino otro mito de la política peruana, lo están demostrando durante estas últimas semanas las partes involucradas en el conflicto minero de Las Bambas: comuneros, empresa y Estado. Han tardado en llegar, pero ya están muy cerca de cerrarse todos los acuerdos entre la empresa y las comunidades afectadas por la mina, poniendo fin así a un enfrentamiento que estaba comprometiendo seriamente la economía del país.