Ayer, la empresa Southern Perú Copper Corporation anunció que había recibido la autorización del Gobierno para iniciar la construcción de la mina de cobre Tía María, ubicada en la provincia de Islay (Arequipa). Se han cumplido, así, los requerimientos formales que la ley exige a la minera para comenzar a poner en marcha el proyecto. Ello, sin embargo, no significa que el trabajo haya terminado. Pues ahora se inaugura una etapa tanto o más importante que la anterior, que consistirá en lograr la confianza de los ciudadanos que viven cerca del proyecto y que mantienen reticencias en torno al mismo.Bien es cierto que, a estas alturas, las razones para impulsar Tía María ya han sido comunicadas ampliamente, y uno podría pensar que estas suenan, por sí mismas, harto convincentes. Una inversión de US$1.400 millones -esto es, un crecimiento del 0,4% en el PBI- que, en tiempos en los que las inversiones privadas de esa magnitud y los proyectos mineros no proliferan, no se puede desdeñar. La creación de 3.600 puestos de trabajo directos en la etapa de construcción, y otros 5.000 indirectos, que sin duda mejorarán la calidad de vida de los locales. Y, por supuesto, los S/5 mil millones por concepto de canon y regalías que entrarían a las arcas de la región, los municipios y las universidades.Todas estas, decimos, credenciales que no se pueden ignorar.