Hacer minería no es fácil en ningún lugar del mundo. Para empezar, la actividad es sumamente riesgosa para los inversionistas. Condiciones financieras, geológicas y logísticas determinan que solo uno entre decenas de proyectos con potencial llegue a ponerse en operación. A diferencia de otros sectores, además, los impactos ambientales de la minería pueden ser profundos y deben también manejarse con sumo cuidado. Y, para complicar más el panorama, en lugares como el Perú la minería moderna se desarrolla en ocasiones cerca de comunidades históricamente marginadas, lo que supone un adecuado manejo de expectativas y la superación de retos sociales y económicos adicionales.En este último punto -el manejo de la potencial conflictividad social alrededor de la minería-, el Estado Peruano parece estar haciendo más por sembrar problemas de largo plazo que por atajar sus causas. La manera en que se viene manejando, por ejemplo, las tensiones en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa parece poco sensata si lo que se quiere es aprovechar la actividad minera para traer desarrollo a las regiones.Como se sabe, desde octubre del 2016 existen conflictos sobre esta vía que se usa para transportar concentrado de cobre desde la minera Las Bambas, ubicada en Apurímac, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. En ese momento, una comisión de alto nivel, encabezada por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se comprometió a una serie de proyectos por más de S/2.000 millones.