En un cruce de palabras cuyo tono fue in crescendo, Bruce insinuó que a través de la Ley 28870, que optimiza la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), y del Decreto Supremo 020-2006, que declara en emergencia la infraestructura del sector, ambos promulgados el sábado pasado, podrían realizarse "negociados" con empresas constructoras.La cartera cuestionada respondió que la ley en la que sustenta todo el programa Agua para Todos había sido aprobada por el anterior Parlamento, cuando era presidido por el chakanista Marcial Ayaipoma. El contragolpe de Bruce fue prácticamente simultáneo.Envió dos documentos clave para la discusión. El primero, del 27 de julio, era la observación del presidente Alejandro Toledo y de Pedro Pablo Kuczynski a la ley en cuestión. En el segundo, del primero de agosto, firmado por Alan García y por su premier, Jorge del Castillo, informaba a Mercedes Cabanillas, presidenta del Parlamento, que se retiraban las observaciones a la autógrafa, la cual fue promulgada el sábado pasado.Horas antes, Bruce había comentado que, el miércoles de la semana pasada, un grupo de empresarios le alertó sobre la exoneración de los controles a favor de las obras de saneamiento, lo que fue confirmado con la publicación de las normas mencionadas.