En el 2017, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia presentó una acusación fiscal contra representantes de la empresa Odebrecht y de Pro Inversión por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible al otorgar la buena pro del gasoducto del sur, proyecto que se adjudicó en la gestión del ex presidente Ollanta Humala.Esta acusación ha pasado a una siguiente etapa y está a punto de iniciarse el juicio oral. En ella, el fiscal Abia ha consignado 104 argumentos para pedir seis y siete años de cárcel para dos ex funcionarios por este caso. El Comercio halló que cinco de estos fundamentos coinciden con las fechas de los pagos registrados en el sistema Drousys -planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas- que no fueron informados por Odebrecht a la fiscalía y que han sido revelados por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán.Esta historia se inicia en marzo del 2008, cuando la empresa Latin Energy Global S.A.C. solicitó la concesión del proyecto Gasoducto Sur Andino (o Kuntur) y suscribió un contrato de inversión con el Estado por US$1.330’112.124. Tres años después, esta compañía pasa a manos de Odebrecht y cambia de nombre: Kuntur Transportadora de Gas.
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