La Corte Constitucional de Ecuador negó un pedido de comunidades cercanas a uno de los mayores proyectos de oro y cobre del país andino, que solicitaban una dictamen favorable para consultar a su población sobre el desarrollo de la actividad minera en esos territorios. El pedido a la Corte Constitucional lo realizaron un grupo de comuneros que habitan en zonas de las provincias de Imbabura y Carchi, donde se ubica el proyecto Cascabel operado por la firma de origen australiano SolGold. Los comuneros pedían que la Corte Constitucional autorice la realización de una consulta popular sobre la explotación minera a la población, lo que ponía en riesgo el desarrollo del proyecto Cascabel, con reservas de 10.9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro.
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