Hace unos días, la congresista Luz Rebeca Cruz, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo principal modificar el capítulo económico de la Constitución para que este tenga la finalidad de "lograr la justicia social". La iniciativa legislativa tiene poco de novedosa, habida cuenta de que hace eco de una serie de cuestionamientos -usualmente esgrimidos por la izquierda- que se han hecho a esta parte de la Carta Magna desde sus orígenes en 1993, como los que acusan una intención de beneficiar a los más ricos a costa de los más pobres y servir a los intereses de empresas extranjeras.Lo preocupante del proyecto de la congresista Cruz, sin embargo, no se ubica tanto en los cambios concretos que este busca hacer a los principios generales de nuestro régimen económico, sino en las imprecisiones y falsedades que quedan albergadas en su exposición de motivos. Una situación que evidencia, no solo el desconocimiento de los congresistas que firmaron la iniciativa (entre los que destacan Luis Iberico y el ex primer ministro César Villanueva, ambos de APP), sino lo deficientes que han sido los últimos gobiernos a la hora de comunicar los beneficios que ha traído consigo el actual régimen económico.