Ayer, tras una larga jornada, la Comisión Permanente del Congreso resolvió, principalmente con votos de Fuerza Popular (FP) y la célula parlamentaria aprista, no ratificar la recomendación de denunciar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de organización criminal y encubrimiento personal, por sus presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Tampoco se ratificó la recomendación de suspenderlo del cargo de fiscal supremo, ponerlo a disposición de la justicia ni su destitución e inhabilitación por 10 años. La acusación, presentada por el congresista Juan Sheput el 17 de mayo, había sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.Con esto, el Congreso de la República, y en particular la mayoría que lo conduce (y sus aliados apristas), insiste en proteger a un funcionario que, desde que fue elegido como cabeza del Ministerio Público, solo logró acumular serias denuncias, proferir múltiples mentiras e interferir en la investigación del Caso Lava Jato. Todo esto, claro, en perjuicio de su investidura y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Nación como institución.