No hay empresario formal en el Perú que no batalle permanentemente con la frondosa legislación laboral. Más allá de los sobrecostos como las gratificaciones o la CTS, las normas alrededor del sistema laboral resultan agobiantes para compañías grandes y chicas. En un país donde la informalidad laboral es la regla y la formalidad la excepción, cabría suponer que simplificar algunas de las casi 1.400 páginas que contiene la regulación laboral -y que son materialmente imposibles de cumplir simultáneamente aún para grandes empresas con equipos legales y de recursos humanos; ni se hable ya de las pequeñas- debería ser una prioridad para cualquier gobierno.Y, sin embargo, el esfuerzo del Ejecutivo parece ser el opuesto. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la "Guía metodológica para la valoración objetiva, sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones". La extensión y pretensiones del propio nombre de la guía son, por supuesto, un anticipo apropiado del documento al que alude. Si bien la elaboración del manual no es de cumplimiento obligatorio -como sí lo es el cuadro de categorías y funciones que sería su producto final-, esta deja entrever qué es lo que espera el MTPE de la implementación de la Ley 30709, promulgada por el gobierno del presidente Kuczynski.