Ayer, el presidente Martín Vizcarra apareció sorpresivamente en el Congreso acompañando a su primer ministro, Salvador del Solar, y al titular de la cartera de Justicia, Vicente Zeballos, quienes estaban invitados a una sesión de la Comisión de Constitución para revisar las propuestas en torno a la reforma política. Los ministros, sin embargo, solo llegaron hasta el Palacio Legislativo para anunciar que no participarían de la sesión "como expresión de protesta" porque el grupo de trabajo en cuestión había archivado hace unos días el proyecto del Ejecutivo para realizar modificaciones a la inmunidad parlamentaria."Todos en el país queremos una mejora de nuestras instituciones. La reforma política es un paso para lograr esa mejora y, sin embargo, no vemos una actitud [en el Congreso] que vaya tendiente a ese objetivo", afirmó el propio Vizcarra desde el Parlamento. Un argumento en el que insistió horas después en un evento en Tumbes.Es claro que este Congreso ha exhibido una escasa vocación reformista y ha avanzado con pies de plomo cuando le ha tocado revisar las iniciativas del Ejecutivo. Pero tan cierto como ello es que la arquitectura de nuestro orden constitucional le confiere tanto al Gobierno como al Parlamento la posibilidad de proponer reformas y la libertad de criticar las propuestas del otro; y en última instancia, de desaprobarlas si así las considera inconvenientes. Para esto, precisamente, el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de observar las normas que aprueba el pleno y, al mismo tiempo, este dispone de la facultad de modificar o dejar de lado los planteamientos de aquel.Una lección, a decir verdad, bastante elemental de cómo funciona nuestro sistema democrático pero que, por lo visto, no está de más recordar en estos días.