La tensa situación que viven las comunidades cercanas al proyecto minero Las Bambas y el consorcio MMG Limited, en la región Apurímac, se ha convertido en los últimos meses en el conflicto social más mediático que afronta el país. Y aunque se trata de un problema grave, con varias idas y venidas, no es ni de lejos el único que el Gobierno debe atender.En total, son 183 conflictos sociales, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo que incluye datos registrados hasta el mes de marzo. De todos estos conflictos, 135 figuran como activos y 48 como latentes. Pero el dato más alarmante, quizá, es el que señala que entre febrero y marzo se sumaron 5 nuevos conflictos (dos de ellos vinculados a Las Bambas) a la lista y ni uno solo pudo resolverse.