La Defensoría del Pueblo expresó que está preocupada ante el impacto que tendría el pronunciamiento del TC acerca de la constitucionalidad del citado aporte por regulación, a raíz de diversos procesos de amparo iniciados por las referidas empresas, debido a que sin los ingresos por ese concepto se recortaría el 74% del presupuesto para realizar fiscalización ambiental.Ante la información que diera OEFA, el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, afirmó que muestra su extrañeza y preocupación ante la actitud de OEFA de "buscar influenciar a través de sus declaraciones" a magistrados del TC que analizan una demanda contra ese aporte por regulación. Añade que las mineras no se oponen a la fiscalización ambiental pero que los cobros deben estar en función del costo real de la labor desempeñada.
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