Ayer, luego de cuatro años y cuatro meses de investigación, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó la acusación formal contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por presuntamente haber cometido el delito de lavado de activos a través de una organización criminal. Como se sabe, a ambos (y al Partido Nacionalista) se les atribuye haber recibido dinero ilícito del Gobierno Venezolano para la campaña del 2006 y de la empresa Odebrecht para la del 2011. La fiscalía ha pedido 20 y 26 años de prisión para el ex mandatario y la ex primera dama, respectivamente.Desde El Comercio, en el contexto de la discusión sobre la pertinencia de las medidas preventivas planteadas por el Poder Judicial a los políticos involucrados en el Caso Lava Jato, siempre hemos resaltado la importancia de que el Ministerio Público acelere las acusaciones formales a los imputados, especialmente cuando estos han sido enviados a prisión. En ese sentido, resulta positivo que el fiscal Juárez Atoche haya logrado, por fin, llevar el caso de los Humala a esta instancia.El caso, empero, llega a este punto tras un largo proceso que la otrora pareja presidencial se empeñó por extender a través de mecanismos que, en más de una ocasión, hemos cuestionado desde esta página. En esa línea cabe recordar cómo la señora Heredia negó la propiedad de las agendas (que luego reconoció) con anotaciones de pagos millonarios y el intento de la defensa por recusar al juez Richard Concepción Carhuancho.