El ofrecimiento del jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, de llevar a un grupo de magistrados al distrito apurimeño de Challhuahuacho para evaluar las denuncias contra comuneros por participar en protestas socioambientales fue considerado por unos una injerencia en el trabajo de los jueces, mientras que por otros una colaboración del Poder Judicial con el Ejecutivo."El jefe de OCMA no puede asumir ese tipo de compromisos ante la comunidad. En mi concepto implica una injerencia en procesos en trámite. Los jueces actúan con completa independencia y no están sometidos a ningún tipo de sujeción o control indebido", señaló el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien agregó que los jueces solo se deben a la Constitución y la ley vigente.