SE CREARÁ COMISIÓN PARA EVALUAR PEDIDOS DE DESAFILIACIÓN DE AFP

Aunque el misterio ya se había develado hace dos semanas, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, confirmó que el proyecto de ley de libre desafiliación de las AFP, al que se refirió Alan García durante su mensaje de 28 de julio, es prácticamente el mismo que planteó el congresista aprista Daniel Robles durante su anterior gestión congresal. Dicho proyecto, que paradójicamente fue rechazado por el Congreso y la bancada aprista a pesar de haber tenido en aquel momento el apoyo de las AFP y de los sindicatos, promueve la creación de una comisión multisectorial que analizará cada uno de los pedidos de los afiliados de las AFP para retornar al sistema nacional de pensiones.Según el ministro de Economía, Luis Carranza, dicha comisión estaría integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Oficina de Normalización Previsional y de los afiliados, y recibiría las solicitudes de evaluación de casos hasta mediados del próximo año.Si bien se espera que las solicitudes superen las 200.000, se ha estimado que solo se trasladarían 3.000 afiliados que hoy no tienen derecho a una pensión mínima, 9.000 que tienen problemas con su bono de reconocimiento y unos 800 mineros que se jubilaron por realizar trabajos de riesgo con beneficios menores a los del sistema nacional (si se hubiese incluido a otros sectores con labores de riesgo, serían unos 2.200 adicionales).De forma complementaria (esta es la diferencia de esta propuesta respecto a la de Robles), se emitirán bonos complementarios para elevar las pensiones de los jubilados que perciben una pensión menor a la mínima, un grupo del que nadie se había preocupado y cuyo número no se ha difundido aún.Si bien Carranza no ha entrado en detalles, estas medidas tendrían un costo actuarial (suma de desembolsos futuros que debe asumir el Estado, traídos a valor presente) superior a los US$1.400 millones.