El Perú es, por decirlo de alguna manera, un país en conflictividad social permanente. Para comprobarlo basta con darle una ojeada a las cifras. Mes a mes, la Defensoría del Pueblo recoge información sobre las decenas de conflictos sociales que se encuentran vigentes: su último reporte, por ejemplo, registra 132 actualmente activos (y otros 47 en latencia) desperdigados por todo el territorio nacional, y en los que la minería se erige como la mayor causal entre los de tipo socioambiental (con el 62,8%).Aunque por lo general el grueso de los conflictos tiende a pasar por debajo del radar de la opinión pública; cada cierto tiempo alguno de estos -sea por la magnitud de la inversión que involucra o por el nivel de violencia que se despliega a su alrededor- suele agravarse y, si no se ataja a tiempo, termina poniendo en serios aprietos al gobierno de turno. El costo político de lo que significaron, por citar solo dos ejemplos cercanos, Bagua o Conga, en cuanto a renuncias ministeriales, crisis de Gabinetes o popularidad presidencial es una muestra clara de ello.(Edición domingo).