Hace dos años el sacerdote Marco Arana, coordinador del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), lideró una de las movilizaciones más sonadas en el sector minero. A la cabeza de casi cuarenta mil cajamarquinos hizo desistir a la Minera Yanacocha de explotar el Cerro Quilish, considerado como una de las reservas acuíferas de la ciudad de Cajamarca. Ha pasado el tiempo y Arana considera que el Estado continúa favoreciendo a la minería en perjuicio de otras actividades, como la agrícola, que es la que sostiene a gran parte de la población andina. Esta situación y la desigualdad en las zonas donde operan las mineras, según el sacerdote, son el caldo de cultivo de los reclamos sociales contra esta actividad donde el Estado sigue siendo un observador pasivo. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que será el aporte voluntario de las mineras?Esta es una expresión de un Estado mínimo, que deja librado los temas económicos del país a la buena voluntad de los agentes y renuncia a su capacidad de recaudar tributos que permitan una redistribución adecuada de las riquezas. Este gobierno en su campaña electoral prometió aplicar un impuesto a las sobreganancias y no lo ha hecho. Parte de los conflictos ambientales tienen que ver con que la gente siente que se extrae recursos naturales y no todos se benefician de esta riqueza.¿Usted insistiría en la aplicación de impuesto a las sobreganancias?En las sobreganancias y las regalías. Sí, pero en el caso de regalías muchas empresas están protegidas por contratos de estabilidad jurídica y tributaria.Sí pero hay que revisarlos. ¿Cómo cuando las mineras han pedido renegociar los contratos, el Estado ha aceptado y ahora, cuando el Estado tiene la necesidad de revisarlos, no puede hacerlo?