El conflicto en Las Bambas y las exportaciones de cobre de este complejo minero llevan 50 días sin llegar a buen puerto. Desde que los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo alentaron a una parte de la comunidad de Fuerabamba a reclamar un derecho que no corresponde sobre un tramo del corredor minero del sur, buena parte del país está paralizado.Desde que la comunidad inició el bloqueo de la carretera que conecta la mina con el terminal marítimo de Matarani, las pérdidas de la empresa operadora han ascendido a US$300 millones, según proyecciones de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Y las pérdidas en regalías y recursos por canon minero que deja de recibir la región Apurímac también son cuantiosas. Los esfuerzos del Gobierno se canalizan a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, pero sin resultados. El Estado desperdicia la ventaja que le otorgó la captura de los abogados Chávez Sotelo y del presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, el último jueves, lo que, por el momento, ha disminuido la presencia de comuneros en la zona de conflicto.
- [La Razón,Pág. 8] /
- [Perú 21,Pág. 2] /