Al promediar el mediodía del 8 de enero, comenzando este año, comuneros de Fuerabamba incendiaron el campamento policial que resguardaba el ingreso a Las Bambas, la mina más grande de Apurímac. Esa madrugada habían bloqueado la carretera por la que transitan los camiones que sacan el mineral y se habían enfrentado a la Policía dejando 11 efectivos heridos, dos de ellos de extrema gravedad.Con este, la Policía sumaba nueve incidentes violentos protagonizados por comunidades aledañas al corredor minero del sur en los últimos dos años y medio. La comunidad que protestaba esta vez, sin embargo, había sido la más beneficiada cuando empezó a construirse el proyecto minero. Como estaba asentada muy cerca del yacimiento, la empresa construyó una nueva ciudad para sus comuneros, les pagó muy bien por sus tierras y capacitó a más de una centena de ellos para que formaran empresas que le prestaran servicios a la minera.Pero, hacía unos meses, la nueva directiva de la comunidad había contratado la asesoría legal de unos abogados que se habían instalado en la zona predicando el enfrentamiento entre las comunidades y la empresa MMG Las Bambas. Su influencia alcanzó para que los nuevos dirigentes expulsaran de la comunidad de Fuerabamba a su anterior vicepresidente, Obispo Huamaní, y con él a 120 comuneros que trabajan o hacen negocios con la mina. Los acusaron de traidores y, según ellos mismos han denunciado ante la Defensoría del Pueblo, los amenazaron de muerte, señala la periodista,señala la periodista Cecilia Valenzuela, directora del diario Perú21. (Edición domingo).