Mientras el gobierno de Alan García ha puesto en marcha un proceso de austeridad fiscal, una norma aprobada por la administración de Toledo podría ocasionar más de un dolor de cabeza al actual Poder Ejecutivo.Ricardo Herrera, especialista del Estudio Muñiz, Ramírezpérez Taiman & Luna Victoria, advirtió que mediante la Resolución No. 273-2006-TR, el Ministerio de Trabajo estableció que hasta este viernes 11 de agosto los ex trabajadores estatales cesados irregularmente en los años 90 y que solicitaron el beneficio de la reincorporación deben ser reubicados directamente en las entidades públicas para las cuales laboraron.Herrera reveló que ello implica que hasta 8,526 ex trabajadores estatales puedan volver a sus puestos de trabajo y el impacto que esta medida tendría en el erario público sería muy alto.Se estima que podrían representar un gasto corriente de más de S/. 20 millones mensuales, es decir, S/. 300 millones anuales(considerando también gratificaciones y CTS).
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