Desde el lunes 18 de febrero hasta el sábado de la semana pasada, transportistas de carga pesada de distintas regiones del país acataron un paro -indefinido en su momento- para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que solucione su pliego de reclamos. Entre las exigencias estaban una amnistía por las multas emitidas por la Sutrán a los referidos manifestantes, la reducción del precio de los peajes y la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los hidrocarburos. La protesta devino en el bloqueo de varios tramos de carretera en Arequipa (donde se emplearon 2.000 camiones para ese fin) y en Áncash (donde también se quemaron llantas). Estas medidas afectaron a miles de ciudadanos que se trasladaban por vía terrestre y, además, generaron millones de dólares en perjuicios económicos: según la Asociación de Exportadores del Perú, para el viernes 22 de febrero, el sector podría haber registrado US$215 millones en pérdidas.