Por años, la minería ilegal en el Perú ha significado tanto una amenaza ambiental como una tragedia social. Los campamentos, además de albergar a los artífices de la depredación de nuestros bosques, han sido escenarios propicios para la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzoso, y el negocio ha venido sosteniendo vínculos estrechos con el sicariato, el narcotráfico y, por supuesto, con la corrupción. La situación, asimismo, se hace peor si se toma en cuenta que los esfuerzos para darle solución a este trance han venido desembocando más en decepciones que en resultados.No obstante, las cosas parecen haber empezado a tomar un rumbo distinto. El martes, un aproximado de 1.500 agentes policiales y militares ingresó a La Pampa en Madre de Dios -la zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica que ha sido diezmada por la minería ilegal- como parte de una megaoperación denominada Mercurio. Su objetivo: erradicar esta actividad y llevar a cabo acciones de desalojo de los comerciantes ubicados entre los kilómetros 106 y 108 de la mencionada carretera, que se desempeñan como el brazo logístico de la minería ilegal. El operativo es el primer paso en un plan multisectorial del Ejecutivo para recuperar la zona.