Cuando el 3 de febrero del 2017, hace poco más de dos años, El Comercio reveló que la empresa Odebrecht había reconocido sobornos por un valor de US$20 millones al ex presidente Alejandro Toledo para la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur, varias especulaciones, hasta entonces medianamente gaseosas, empezaron a tomar cuerpo. Entre estas la de que, como se había descubierto en otras latitudes, Odebrecht había repartido sobornos también en nuestro país y que las personas que podían dar información sobre los funcionarios y empresarios peruanos involucrados en sus prácticas eran, justamente, los trabajadores de la empresa que habían coordinado las coimas. Desde ese momento, se hizo imperativo que nuestra fiscalía llegase a algún tipo de convenio con la constructora a fin de que se vuelva más fácil para aquella desenredar toda la verdad. Por ello, no deja de ser relevante lo conseguido por el equipo especial del Ministerio Público peruano para el Caso Lava Jato hace dos días. (Edición domingo).