La crisis generada por el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho (SJL) ha vuelto a poner sobre el tapete la vieja discusión en torno a si el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario provisto por Sedapal debe pasar a ser administrado por una empresa privada. Una posibilidad que, considerando la calidad de la gestión de la empresa estatal desde su génesis, bien haría el gobierno en contemplar.La verdad, sin embargo, es que la mentada palabra -privatizar- suele ser abordada con aprensión por los políticos que tienen en sus manos la posibilidad de implementarla; temerosos, quizá, de contradecir la ilusión que dicta que si un servicio es manejado por el Estado, este será de todos y, además, a menor precio. Una circunstancia que se hace aun más patente con un gobierno que pareciera estar más interesado en la popularidad que pueda cosechar con sus acciones que en utilizar esta para llevar a cabo las reformas estructurales que el país requiere.