Cuando el Ejecutivo encabezado por el presidente Martín Vizcarra solicitó facultades legislativas a mediados del año pasado, pocos esperaban el énfasis que se le daría al aspecto impositivo. De los 31 decretos legislativos (D. Leg.) vinculados a la economía, más de la mitad hacían referencia a asuntos tributarios y financieros. La caída en la presión fiscal, el aumento de la evasión de los últimos años, y la necesidad de modernizar un sistema tributario obsoleto se expusieron -correctamente- como causa.Si bien el paquete en general ha sido positivo, hay ciertas disposiciones tributarias en los D. Leg. que han sido motivo de debate en los últimos meses. Aparte de aquella que limita la deducción del gasto financiero a 30% de las utilidades y la que establece la responsabilidad solidaria de los representantes legales y directores de las empresas en caso de elusión, la discusión respecto de los cambios en el cómputo del plazo de prescripción de las deudas tributarias es especialmente sensible.(Edición domingo).