La pugna entre el coloso chino Chinalco y las 65 familias de Morococha Antigua (Junín), que se niegan a ser reasentadas para viabilizar el proyecto de ampliación de Toromocho, ingresa a un nuevo capítulo.El jueves pasado, la Corte Superior de Justicia de Junín declaró fundada una medida cautelar interpuesta por los morocochinos a fin de impedir el desmantelamiento y destrucción del ornato urbano en la zona que ellos habitan (la única que no está en ruinas en Morococha).Se trata de 34 hectáreas de terreno, vitales para el devenir de Toromocho, por cuanto representan una barrera para la expansión del tajo abierto. Debido a ello, fueron expropiadas por el Gobierno en marzo pasado y cedidas a Chinalco.