El caso de los arbitrajes planteadas por la constructora Odebrecht contra el Estado peruano deben llamar a preocupación no solo por los montos o las irresponsabilidades de las autoridades peruanas sino porque convertirán la reparación civil (firmada por la Fiscalía, la Procuraduría los representantes de la constructora carioca) de 610 millones de soles, o unos 183 millones de dólares, en una cifra risible ante la opinión pública y la justicia internacional.En esa perspectiva, según el experto en temas energéticos, César Gutiérrez Peña, el caso más preocupante es el arbitraje de Enagás presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano para recuperar, según la versión de la firma española, los US$ 511 millones que invirtió en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
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