La reunión entre representantes del Ejecutivo y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se postergó finalmente para la próxima semana --la fecha original era hoy--. ¿La razón? El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, reveló a El Comercio que se trata de un pedido de los mineros, que aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre las características del aporte voluntario que harán. Y es que al interior del gremio se insiste en plantear que el aporte sea deducible del Impuesto a la Renta, condición que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar.Otra de las controversias gira en relación con el carácter innovador de la propuesta: solo si el aporte es un 'plus' a los actuales programas de responsabilidad social que ya poseen las mineras es que puede hablarse de innovación con respecto a lo que ya existe, y en eso el Ejecutivo debe hilar fino.Entre las empresas mineras no hay una posición única en varios temas, el monto del aporte, por ejemplo. Fuentes vinculadas al sector aseguran que Antamina y Yanacocha estarían dispuestas a desembolsar US$20 millones anuales para el fondo, pero desde luego, un buen grupo de empresas no pretende ni acercarse a esa suma (por tener menores ingresos). E incluso, para algunos, la idea de un impuesto a las sobreganancias no debe desecharse del todo. Se piensa que un impuesto a la sobreganancia minera bien aplicado podría reemplazar a la actual regalía y ser un buen negocio para aquellas compañías que actualmente no pagan regalías (por tener contratos de estabilidad jurídica) y que, una vez que venzan sus contratos, las podrían evitar con el referido impuesto. Las mineras medianas y pequeñas que ya pagan regalías (en algunos casos llegan a US$20 millones) no están dispuestas a comprometerse a grandes montos de aporte.Carlos del Solar, presidente de la SNMPE, reconoció que hay opiniones diferentes entre las empresas del gremio. "Estamos evaluado una serie de escenarios, pero las empresas tienen que ponerse de acuerdo primero", dijo a El Comercio. Del Solar opinó que por el momento lo adecuado era que en la negociación solo participaran las empresas y el Ejecutivo, porque la presencia de más actores "podría complicar el tema".