En las últimas semanas, el equipo especial para el Caso Lava Jato del Ministerio Público ha intentado cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, a fin de que esta pueda, bajo ciertas garantías, entregar información que ayude a conocer la identidad de los funcionarios, políticos y empresarios peruanos que pudieron haber incurrido en delitos al relacionarse con la constructora. Una circunstancia que, como mencionamos el fin de semana en este mismo espacio, podría terminar comprometiendo a personalidades relevantes de nuestro país, como ex presidentes, ex alcaldes y líderes políticos de diversos partidos. Como era de esperarse, el acuerdo ha sido torpedeado prácticamente desde que su concreción empezó a percibirse como una posibilidad inevitable. Y los ataques para hundirlo han estado dirigidos hacia un flanco en particular: la reserva del documento.