Hasta la mesa de partes del Congreso llegó un proyecto de ley que busca cambiar la Ley del Derecho a la Consulta Previa, con el objetivo de que esta tenga el carácter de vinculante. La iniciativa impulsada por el Frente Amplio establece los casos en los que el Estado estaría obligado a obtener el consentimiento previo de los pueblos indígenas originarios. Entre ellos figura: cuando se dé el traslado o desplazamiento del pueblo o comunidad. Así también cuando se trate de "planes, proyectos o actividades de inversión de alto impacto social, cultural o ambiental, que implique riesgo para su subsistencia o integridad".