La decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba del equipo especial a cargo del Caso Lava Jato, bajo la justificación de que sus subalternos no respetaron su jerarquía al poner en tela de juicio su idoneidad en el cargo, ha sido, sin duda, indignante. Que lo haya hecho, además, buscando atenuar la reacción de la ciudadanía al escoger anunciarlo a pocas horas de que acabe el año, es una vergüenza.Esta situación ha terminado por sepultar la poca credibilidad que le quedaba al fiscal de la Nación. Una mancha que, mientras permanezca en el puesto, no hará más que extenderse a la institución que encabeza y, en consecuencia, a la legitimidad del trabajo que esta lleva a cabo. Una circunstancia especialmente delicada si se toma en cuenta que este no es el único hecho que abona en la falta de aptitud de Chávarry para su labor: cabe recordar que el titular de la fiscalía, entre otras cosas, mintió sobre su relación con el ex juez César Hinostroza, fue ratificado como fiscal supremo con notas amañadas y está incluido en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.Ante este escenario, resulta pertinente que el presidente Martín Vizcarra y su Consejo de Ministros hayan resuelto, en sesión extraordinaria, presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público, con el fin de forzar la remoción de su actual responsable, quien ha sostenido reiteradas veces que no se separará del cargo.