Funcionarios públicos en puestos claves en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad estatal que fiscaliza el cumplimiento de las leyes ambientales de la gran minería, trabajaron precisamente en el área ambiental de los proyectos mineros de las compañías Buenaventura, Los Quenuales y Minera IRL al mismo tiempo que las empresas cometían infracciones, varias consideradas graves y muy graves, en operaciones realizadas en la sierra de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.