El economista Hernando de Soto aseguró que el gobierno transitorio de Valentín Paniagua cometió un "error" al emitir el Decreto Supremo 005-2001 JUS que devolvió las competencias registrales de los inmuebles a los municipios, creando un costo adicional a los pobres de unos US$ 600 millones, norma que pidió derogar.Recordó que en el gobierno de Alejandro Toledo se emitió la Ley 27755 para que los notarios sean los únicos que puedan firmar formularios registrales y no los abogados, lo cual demandó a los pobres otros US$ 400 millones.El Colegio de Notarios de Lima, representado por Paniagua de Acción Popular, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) que preside Javier Alva Orlandini -también de Acción Popular- para derogar algunos artículos de dicha ley a fin de eliminar los formularios y restituir el uso de las actas notariales, la misma que finalmente fue declarada improcedente. -
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