Los medios cercanos a la minería se sacudieron desde sus bases por una noticia bomba contra Southern Perú, la principal minera cuprífera del país: una resolución del Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima que despacha el juez provisional José Carlos Altamirano Portocarrero ordena que más de la quinta parte de sus acciones de inversión (22.32 %), es decir, nada menos que 12.1 millones de sus acciones de inversión sean transferidas a 904 de sus extrabajadores a cambio de sus acciones laborales emitidas en 1979 bajo la dictadura militar.