LAVA JATO. Según la Constitución, el Congreso de la República tiene una función legislativa y otra fiscalizadora. En este último caso puede investigar cualquier asunto de interés público, para lo cual, por lo general, crea una comisión investigadora. Dichos grupos de trabajo pueden acceder a cualquier información, incluso levantan el secreto bancario y la reserva tributaria. Sin embargo, sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Si la conclusión de este tipo de comisiones no tiene efectos jurisdiccionales, el Parlamento debe definir cuál es la finalidad de su investigación, pues el esfuerzo desplegado y el dinero invertido tiene que revertir en beneficio del país, algo que por lo general no ha ocurrido. La última gran comisión investigadora ha sido la del caso Lava Jato. Dos años son los que la parlamentaria Rosa Bartra y cinco congresistas más le dedicaron al tema, mientras que la sustentación y votación del informe final tomó una semana. Pese a toda esta labor, se puede decir que sus resultados aportan poco a las investigaciones fiscales en curso.