Hace un tiempo, el presidente del BCR, Julio Velarde, advertía los riesgos de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) perdiera peso frente a las discusiones legislativas del Congreso. Si la opinión del MEF es menos influyente -reflexionaba Velarde- la posibilidad de aprobar normas inadecuadas o de costo fiscal insostenible sube. De un tiempo a esta parte, ya no es novedad discutir iniciativas legislativas que ponen en riesgo el equilibrio financiero del Estado y sus instituciones: desde la ley que nivela las pensiones militares y policiales hasta la que aumenta el monto de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para trabajadores de Essalud, por ejemplo. En esa línea dispendiosa entra la recientemente aprobada norma que permite aumentos vía negociación colectiva en el sector público.