La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene siempre una misión delicada y una agenda recargada. De acuerdo con el reglamento del Congreso, "mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política" (es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, los ministros y los jueces y fiscales supremos, entre otros). Y a la comisión le corresponde "calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias", así como realizar la investigación de cada proceso y emitir el informe final.Como se ve, una tarea imposible de ser subestimada en circunstancias normales; y mucho menos, en un contexto de lucha denodada contra la corrupción como el que, según las autoridades de los tres poderes del Estado, enmarca desde hace un tiempo la vida institucional del país.