El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Hay muchas personas que han celebrado la decisión. Querían ver a la señora Fujimori tras las rejas.Hay que celebrar, por supuesto, la independencia del juez y la diligencia del fiscal José Domingo Pérez. No hay que celebrar, en cambio, los riesgos que trae la resolución con relación a la independencia de las instituciones de justicia.La decisión del juez se basó, entre otras cosas, en las conversaciones por Telegram de un grupo de parlamentarios fujimoristas. En una exhibición de limitación mental y emocional, estos congresistas planeaban desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez.El juez considera que esto evidencia un caso de obstrucción a la justicia. El fiscal aportó un testimonio sobre cómo Keiko Fujimori mandó sobre su grupo. El juez extrapoló ese caso a un mando urbi et orbi. No se apoyó en prueba material para sustentar esta generalización.Lo curioso es que hay órdenes de Keiko Fujimori a la cúpula congresal del tipo de una directora de coreografía. "De pie y con aplausos protocolares", "solo aplausos, no arengas", "acérquense para decir que no hagan arengas", "solo pueden gritar: ganó la democracia", etc.Mensajes de corte político pueden considerarse los que dirige a Galarreta ("Lucho, es importantísimo que asistas a juramentación") y a Salaverry ("Daniel, manda un mensaje a Bancada de prudencia").En las coordinaciones para desprestigiar a José Domingo Pérez no se ha mostrado, hasta ahora, alguna orden o mensaje de Fujimori. Lo que se tiene son los horrorosos mensajes de Leyla Chihuán, Pier Figari, Úrsula Letona, entre otros.El juez supone que ellos coordinaban por órdenes de Fujimori. Eso se puede suponer, pero no demostrar.El juez no debe especular sobre la posibilidad de obstrucción a la justicia; debe determinar los supuestos que establece la ley.Debe poderse colegir razonablemente, dice la ley, que el imputado tratará de "obstaculizar la averiguación de la verdad" (CPP, art. 268). Debe acreditarse esto con un alto grado de probabilidad.La autoridad debe evaluar "individual y colectivamente" la participación en el hecho imputable. En este tramo del chat, sin embargo, no se ha mostrado, hasta donde conocemos, la participación directa y material de Fujimori.La execrable conversación de los congresistas para desprestigiar al fiscal solo puede considerarse a duras penas como medio de obstaculización. El juez Concepción, ¿se dejaría influenciar por las tonterías que se han dicho contra el fiscal? Estas tonterías, ¿lo podrían haber sacado de carrera?Más aún, cabe preguntarse si estas acciones y coordinaciones no podrían hacerse aun hoy. Puesta la imputada en prisión preventiva, ¿no podrían seguir estos congresistas con sus necias declaraciones sobre José Domingo Pérez y su viaje a México?El peligro de obstaculización debe demostrarse. Debe haber riesgo razonable de que el imputado destruirá o falsificará elementos de prueba. Debe haber riesgo de que influirá para que testigos informen falsamente o que inducirá a otros a realizar tales comportamientos (CPP, art. 270).La prisión preventiva trata de evitar que se obstaculice la justicia. De acuerdo con el testimonio de Rolando Reátegui (testigo), Keiko Fujimori ordenó comprar testigos para que dijeran que sí habían aportado a la campaña, cuando no lo habían hecho. Nuevamente, el magistrado se instala en las suposiciones. Supone que el testimonio es verídico en todos sus extremos. De ahí parte para suponer que la imputada sería capaz de comprar testigos para que no se conozca la verdad del caso.La prisión preventiva no trata de establecer justicia, sino de proteger el proceso. Con Keiko Fujimori en la cárcel, ¿cesa la posibilidad de comprar testigos? ¿Qué grado de protección al proceso establece este tipo de prisión preventiva?La prisión preventiva no debe "hacer justicia". La erosión de las instituciones siempre comienza por alguien que, a ojos de la mayoría, merece algún tipo de castigo social. Empieza por un caso que la gente aplaude y termina, siempre, con personas que son objeto de la venganza de alguien con poder. No erosionemos la ley. Enderezarla después no será tan fácil como torcerla hoy, señala el periodista Federico Salazar.(Edición domingo).