La gran mayoría de veces, las comisiones investigadoras del Congreso suelen ser noticia por cuestiones conexas a la materia de sus pesquisas -como las sesiones cargadas de frases altisonantes o las refriegas que, en ciertos momentos, se desatan entre investigadores e investigados- antes que por el peso de sus hallazgos o por la contundencia de sus conclusiones. Una situación que, dicho sea de paso, no es exclusiva de este Parlamento.En esa línea, la Comisión Lava Jato presidida por Fuerza Popular (FP), primero bajo la conducción de Víctor Albrecht y luego por la congresista Rosa Bartra, y cuyo informe final debe debatirse en el pleno del Congreso en los próximos días, no ha sido una excepción a la tendencia.Bien es cierto que no falta quien le atribuye alguna utilidad al grupo de trabajo. En particular, la de haber aprovechado sus facultades investigadoras (como la capacidad de citar testigos o pedir información financiera) para detectar algunas irregularidades. Entre estas, por ejemplo, las relacionadas con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que desencadenaron la crisis que llevó a su dimisión. No podemos dejar de mencionar, sin embargo, que la investigación al hoy ex mandatario parece haber sido guiada por un interés partidario antes que por un genuino afán de buscar justicia. Y de modo general, el trabajo de la comisión se ha visto empañado por las actitudes de sus integrantes, principalmente de los miembros de FP, que han extendido una sombra de duda sobre una labor que, se entiende, debería haberse dirigido sin visos de parcialidad política. Y los ejemplos de esto saltan a la vista.Recordemos, si no, las críticas a la presidenta del grupo, Rosa Bartra, por su tibieza para citar al ex presidente Alan García, y a su lideresa, Keiko Fujimori, sobre quienes pesan serios indicios de nexos con la constructora Odebrecht -tanto en forma de favorecimientos a través de obras, como mediante el financiamiento de sus campañas políticas-, y por el trato indulgente que exhibió con la señora Fujimori cuando esta finalmente asistió a la comisión. O la presencia de la misma Bartra en el allanamiento que realizó el Ministerio Público a los locales de su partido -registrando, celular en mano, el trabajo de la fiscalía- por un caso relacionado con la materia que venía estudiando la comisión que ella presidía.Por otro lado, el grupo parece haber manejado su labor con arbitrariedad. En agosto, su propio vicepresidente, el legislador del Frente Amplio, Humberto Morales, denunció que no se le había permitido tener acceso a todos los datos recabados por la comisión, y acusó una intención de ocultar información para blindar a Keiko Fujimori. A esto se suma lo encontrado por la fiscalía en la casa del abogado Vicente Silva Checa, señalado como asesor de FP: en su domicilio se incautó documentación relacionada con el trabajo de la Comisión Lava Jato. Trabajo que, vale recordar, concluyó en un extenso informe cuyos detalles, hasta donde todos sabemos, se mantienen en reserva. No queda claro por qué alguien que no guarda relación con el grupo de trabajo, mas sí con un partido político en particular, tenía en su poder un análisis con conclusiones de algunas obras revisadas por la comisión.Las dudas sobre la imparcialidad del informe final que debe debatirse el próximo miércoles, entonces, son bastante razonables. Más aun, tomando en cuenta que la objetividad de quien la preside, la congresista Bartra, luce poco verosímil a raíz de las conversaciones del chat interno de FP dadas a conocer esta semana.Es precisamente por eso mismo, para evitar que las sospechas terminen por descalificar todo el trabajo de la comisión, que una vez reveladas las conclusiones del informe sean sometidas a una escrupulosa depuración para separar la paja del trigo; lo verdaderamente sustancial de lo estridente. Exigirnos que creamos a pies juntillas cada página del texto final solo servirá para corroborar que, efectivamente, la vara con la que se midió a los investigados fue distinta.