El escándalo por el tráfico ilegal de oro investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y varias agencias federales se hizo público como uno de los casos más grandes de lavado de activos y depredación ambiental cuando los abultados envíos procedentes del Perú empezaron a afectar seriamente la industria del preciado metal en el mundo.Se trata del Caso N° 18-20173-CR-MORENO, seguido por el juez federal del distrito Sur de La Florida, Federico A. Moreno, quien dio a conocer la información que investiga hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015, y los montos alcanzarían US$ 3,600 millones de dólares solo en la primera parte del proceso, de los cuales gran parte le correspondería reclamar al Perú.En entrevista concedida a EXPRESO, el economista Jaime Gálvez Salcedo, consultor en inteligencia financiera de la Administración Trump, comentó que es vergonzoso ver que -al igual como ocurrió en el caso Odebrecht y otros-, sea el gobierno de los EE.UU. el que inicia y lidera este tipo de investigaciones, a pesar de que el oro es peruano."El gobierno de los EE. UU. ha asumido jurisdicción sobre esta investigación debido a que el oro en cuestión fue enviado a la ciudad de Miami, y los pagos por estas operaciones habrían sido hechos en dólares americanos y canalizados a través de su sistema financiero", afirma.(Edición domingo).