Un tema destacado por Alan García desde su elección ha sido el de la austeridad, y es muy probable que este sea un rasgo principal del mensaje que mañana dará en el Congreso luego de jurar el cargo por segunda vez.Está muy bien que sea así, porque la movilización nacional a favor del combate a la pobreza -que debe ser el objetivo central de su mandato- requiere proyectar las señales correctas de que el Estado no despilfarrará los escasos recursos en fines banales.Sin embargo, para que la cosa no quede en simples señales -que siempre son relevantes pero no lo son todo-, sería necesario que el obvio anuncio por la austeridad esté acompañado de medidas concretas que lo conviertan en una arma potente de la actuación del Estado.Más allá de recortar rubros como pasajes en primera clase o los enormes séquitos con circulina que rodean a las autoridades, el ahorro principal para liberar recursos para fines prioritarios no vendrá por ahí, sino de políticas cuya relevancia en términos prácticos es mucho mayor.Una es asegurar la calidad del gasto y de la inversión pública, lo cual demanda potenciar los sistemas de control que ya existen en el sector público para trabajar en dicho objetivo, siendo el más importante el Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, esto debería incluir prácticas que apunten al buen uso y transparencia de las compras y gastos del Estado.La otra es evitar que se robe dinero en el gobierno. Así de simple. Y esta es una tarea mucho más compleja pero indispensable, tanto por los efectos que tendrá para proyectar las señales correctas a la ciudadanía como para, efectivamente, contar con más recursos para los fines primordiales.Dentro de una perspectiva de mayor alcance, pero que también resulta indispensable para crear una sociedad más justa y digna y una economía más competitiva, el lustro político que empieza debería ser un período en el que se reforme, de una vez por todas, el Poder Judicial. Casi nadie ha hablado de eso durante la campaña, pero sería bueno que se empezara a hacerlo. Se necesita un shock anticorrupción, señala el director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich.