Desde el 20 de setiembre se desarrolla en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa la III Convención de Derecho Minero, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de la actividad para el Perú. Participa del evento el experto en derecho ambiental Vladimir Bustinza, quien se refirió al caso de La Oroya y la compañía minera Doe Run. El abogado mencionó que, según reportes del diario El Comercio, la demanda que interpuso la compañía ante el CIADI le costó al Estado peruano ocho millones de dólares en gastos jurídicos. “Estimo que, en caso de que Doe Run decidiera interponer una nueva demanda, un nuevo proceso podría costarle al Estado unos 30 millones de dólares”, afirmó. Respecto de los juicios que enfrenta la compañía en las cortes de Missouri por casos de contaminación por plomo, el experto mencionó que los procesos estarían “afectando la soberanía nacional, pues un juez extranjero terminaría dictaminando sobre asuntos ocurridos en el Perú e interpretando a su antojo la ley peruana sobre la base de la ley norteamericana”.