La situación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación es considerada por muchos como insostenible. La presión pública e institucional para que renuncie o sea removido ha conocido en estos días expresiones que así lo sugieren.Hace casi un mes, el último sondeo de Ipsos divulgado por este Diario reveló que, de los ciudadanos enterados de los cuestionamientos que enfrenta (67% de los encuestados), un 94% consideraba que debía alejarse del cargo, pero desde entonces el clamor para que tal cosa ocurra se ha incrementado. Sin ir muy lejos, ayer tuvo lugar una concurrida marcha por el centro de la capital para demandarlo y el martes se difundió un pronunciamiento de los fiscales de la segunda fiscalía supraprovincial especializada de lavado de activos y pérdida de dominio, que dirige la fiscal Marita Barreto, en el que estos proponen, entre otras cosas, que -junto con los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza- el señor Chávarry sea suspendido en sus funciones por el Congreso hasta que culminen las investigaciones por su presunta vinculación a la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.Ese pronunciamiento, además, viene a sumarse a otro, suscrito el 6 de setiembre pasado por 27 de los 34 fiscales superiores que existen en el país, en el que se solicita al "máximo representante del Ministerio Público que, ponderando la actual situación y las manifestaciones de la sociedad, adopte una decisión acorde a los intereses y bienestar de la institución".Chávarry, no obstante, ha mostrado ser impermeable a todas estas demandas y, contando con el respaldo de los otros dos miembros de la junta de fiscales supremos ya mencionados, se mantiene firme en su puesto, sin importar el tipo de relación que algunos de los audios de sus comunicaciones con el suspendido juez César Hinostroza han puesto en evidencia, ni las declaraciones de dos testigos protegidos sobre la supuesta pertenencia de Gálvez y Rodríguez Monteza -principales sostenes de Chávarry en su actual posición- a la antedicha organización criminal. Recordemos que estamos hablando de una banda relacionada con delitos de corrupción, a la que obviamente ningún fiscal de la Nación tendría que estar en situación de deberle cosa alguna.Complica la situación también el hecho de que la permanencia de Chávarry en el cargo se encuentra en el centro de una disputa entre el gobierno y la mayoría parlamentaria y sus aliados, en la que las mutuas acusaciones de posible corrupción dejan permanentemente el sabor de ser una forma de ganar la iniciativa política antes que el ejercicio de un afán moralizador.